Introducción
La magnitud de diversas catástrofes recientes en los cinco continentes sugiere que el grado de desarrollo alcanzado por los países en las regiones más afectadas resulta poco relevante como factor atenuador, aunque las cifras de víctimas y pérdidas patrimoniales varían notablemente entre países. En la última década, las estadísticas de fenómenos meteorológicos extremos son compatibles con las previsiones de múltiples estudios interdisciplinares y modelos del clima que constatan la aceleración de ciertos procesos –por impacto de la acción humana– en la dinámica que determina el clima en el sistema Tierra. Los escenarios de riesgo resultantes permanecen subestimados, a pesar de los desafíos interdisciplinares complejos que plantean para el orden económico internacional y para los programas de salud pública y la seguridad de los países más vulnerables (Stern 2016: 407-408).
Esto se debe, en parte, a estrategias inadecuadas de investigación de los escenarios post-catástrofe (1), agravadas por la falta de recursos especializados para tales fines y por una dinámica cultural que acusa los efectos de la confrontación entre paradigmas de racionalidad y sistemas de alfabetización conceptualizados como excluyentes. Las aportaciones de académicos y pensadores que abogaron por la convergencia de culturas (Brockman 1995; Snow 1961) no parecen haber adquirido el empuje necesario para incidir en la dinámica cultural, política y económica desde la que las sociedades contemporáneas afrontan tendencias globales con gran potencial disruptivo en salud, seguridad, educación y empleo.
Quizá para evitar la inacción asociada al derrotismo catastrofista, las propuestas de muchos estudios e informes de expertos se hacen públicas en el formato menos alarmista posible (2), enfatizando las estimaciones más conservadoras, e invitando en las ruedas de prensa –business as usual– a difundir las “recomendaciones para responsables políticos” en un formato digerible, con la esperanza de que lleguen a la mesa de algún activista con influencia institucional.
La complejidad y alcance de los riesgos sistémicos –en particular, de los desafíos ambientales– constituyen un contexto de especial interés para el análisis epistemológico. Obliga a familiarizarse con conceptos e instrumentos de análisis articulados desde sistemas mixtos de alfabetización (de base científico-técnica y social-humanística). Exige tomar en serio la interdisciplinariedad, en el núcleo ya de las metodologías de toda actividad investigadora y base ineludible para el pensamiento crítico, para el desarrollo de la autonomía intelectual y para la racionalidad en la toma de decisiones (Wilson 1998).
Dado que las estrategias de prevención de desastres naturales y catástrofes resultan poco eficaces si atienden sólo a la caracterización científica de las amenazas, es de vital importancia profundizar en la complejidad de los factores sociales (políticos, jurídicos, económicos, culturales) que distorsionan la percepción de riesgo e incrementan la vulnerabilidad de las comunidades humanas y de los ecosistemas naturales (Poumadère y otros 2011; Rodríguez-Priego y otros 2014; Rudiak-Gould 2014; Scannell y Grouzet 2010; Sundblad y otros 2007).
Riesgo de sesgo en la interpretación de dinámicas lineales
Los efectos combinados de procesos lineales (crecimiento de la población, explotación de recursos, usos del suelo y polución de la atmósfera, p. ej.) pueden ser interpretados por los expertos como borne donde se concentra la energía necesaria para desencadenar ondas sucesivas de efectos potencialmente catastróficos en la dinámica económica, en el empleo, en la pérdida de biodiversidad y en las condiciones de vida para gran parte de la población humana (figura 1).
| Figura 1. Tendencias en los problemas ambientales que motivaron la advertencia de los científicos a la humanidad en 1992. Fuente: World Scientists’ Warning to Humanity: A Second Notice BioScience. 2017; 67(12):1026-1028. doi: 10.1093/biosci/bix125 BioScience | © The Author(s) 2017. Published by Oxford University Press on behalf of the American Institute of Biological Sciences. All rights reserved. |
La perspectiva vital de los individuos más interesados en constatar las transformaciones de su entorno inmediato o de los ecosistemas con los que han estado en contacto durante décadas es insuficiente para alimentar estimaciones aproximadas de la aceleración del cambio sistémico y de la dimensión del impacto, como sugiere esta visualización de la estadística de personas afectadas por desastres naturales entre 1950 y 2017 (figura 2).
| Figura 2. Total de personas afectadas por desastres naturales entre 1950 y 2017 Fuente: EM-DAT: The Emergency Events Database - Université catholique de Louvain (UCL) - CRED, D. Guha-Sapir - www.emdat.be, Bruselas, Bélgica. |
Sin herramientas precisas para integrar este tipo de información, sobre series temporales que pueden superar en varias décadas el intervalo de una vida humana, es imposible hacerse una idea cabal de las consecuencias que pueden tener los forzamientos asociados con el aumento de las concentraciones de gases de efecto invernadero (GEI) en la atmósfera y el aumento de las temperaturas en el último siglo. Los factores de riesgo pueden interactuar y exacerbarse entre sí, provocando efectos combinados que son mucho peor para el medio ambiente que la suma de sus partes (Barnosky y otros 2012: 52-53).
En relación con los sistemas biológicos, los umbrales a partir de los cuales comienzan transiciones críticas son particularmente difíciles de calcular con antelación, en parte porque el umbral crítico se alcanza a medida que se multiplican los cambios incrementales y en parte porque la información disponible sobre los rangos de fluctuación en el pasado (episodios de grandes extinciones, p.ej.) suele ser muy limitada y no incorpora factores de cambio abrupto que, en diversos niveles, conducen a nuevas condiciones fuera del rango conocido (Greiner y otros 2010).
Pese a esta incertidumbre, la alta tasa de extinción de especies y pérdida de biodiversidad constatada en la última década hacen verosímil una disminución del rendimiento de los servicios ecosistémicos en todo el planeta (Barnosky y otros 2012: 55). Su probable coincidencia con un aumento sostenido de la demanda mundial –proyectando las tasas actuales de aumento de la población humana a tres décadas– incrementaría el riesgo de disturbios sociales generalizados y períodos de inestabilidad económica y política que suelen asociarse con grandes pérdidas de vidas humanas, en línea con las tesis que sitúan en la cuestión ambiental la raíz de los grandes conflictos que llevaron a muchas civilizaciones al colapso (Coates 2009; Diamond 2005).
La metáfora de la humanidad caminando en rumbo de colisión con el mundo natural sólo puede ser entendida como una sucesión de pasos que la tienen ya al borde del precipicio, tal y como advirtieron más de 1.500 científicos de unos 80 países en 1992 y acaban de recordarnos, con elementos de evidencia adicionales, más de 13.000 científicos de 180 países (Ripple y otros 2017: 1).
Advertencias reiteradas respaldadas por el consenso de los expertos
Sobre riesgos y amenazas complejas sería de esperar una discrepancia entre expertos representativa, en alguna medida, de la diversidad de opiniones que manifiestan los demás ciudadanos en sus respuestas a múltiples instrumentos de sondeo sobre la temática. En la práctica, la evidencia de riesgos para la salud o el ambiente de ciertos productos, actividades o aplicaciones tecnológicas alcanza niveles muy altos de consenso experto décadas antes de que cambien los marcos reguladores y la cultura de los consumidores, usuarios o productores y distribuidores. Así pudo constatarse en relación con los efectos del tabaco y del azúcar en la salud, con los efectos de los clorofluorocarbonos (CFC) –gases usados en la industria de la refrigeración y como propelentes de aerosoles- en la degradación de la capa de ozono, o con el daño pulmonar por exposición a fibra de asbesto (amianto).
Incluso los colectivos de escépticos dispuestos a explotar el menor resquicio de incertidumbre para justificar la inacción en los problemas ambientales tienen en su contra la proliferación de informes elaborados por instituciones ideológicamente muy heterogéneas que coinciden en la identificación de las fuentes de conocimiento experto y en el reconocimiento de su solvencia para caracterizar los riesgos globales o sistémicos, así como la vulnerabilidad y niveles de exposición a diversas amenazas en sectores específicos (3).
La Unión de Científicos Preocupados expresó en 1992 su temor ante la presión excesiva que la humanidad estaba ejerciendo sobre los ecosistemas de la Tierra, tras una detenida evaluación de indicadores fiables de daño sustancial e irreversible que, en conjunto, inducían a pensar que se estaban sobrepasando límites incompatibles con el sustento de la red de vida en el planeta, tal y como la conocemos (4).
Proponían entonces adoptar medidas para estabilizar la población humana, puesto que uno de cada 5 vivían en la pobreza absoluta y 1 de cada 10 en situación de malnutrición permanente. Quince años después, y con un incremento del 35% en la población mundial, resulta desolador constatar el fracaso en la transición hacia economías no sustentadas en el crecimiento permanente, la timidez de los programas de reducción de emisiones de GEI y la escasez de incentivos para potenciar las energías renovables o para proteger hábitats y restaurar ecosistemas en una biosfera seriamente amenazada.
Sin perspectivas de revolución cualitativa en las capacidades tecnológicas ni en los mecanismos de gobernanza multilateral, pocos elementos nutren el optimismo acerca del potencial colectivo para revertir la tendencia al colapso en la biosfera.
Desajuste entre evidencia del riesgo y su percepción como amenaza
La percepción pública del riesgo asociado con catástrofes ligadas al clima difiere poco de la que puede constatarse para otros tipos de fenómenos geológicos o tecnológicos potencialmente catastróficos, pero altamente improbables. Es un hecho que incluso los expertos tienden a minimizar la probabilidad de riesgo extremo, como pudo constatarse a propósito de los desastres de Fukushima (11 de marzo de 2011) y Bhopal (3 de diciembre de 1984); o en la gestión de las catástrofes ambientales causadas por los vertidos del petrolero Prestige (19 de noviembre de 2002) en la costa gallega, de la empresa Boliden en Aznalcóllar (25 de abril de 1998) y de British Petroleum en su plataforma Deepwater Horizon, en el Golfo de México (22 de abril de 2010).
El pasado reciente está salpicado de grandes desastres ocurridos y agravados por “regulaciones fallidas, advertencias ignoradas, ineptitud en las respuestas al desastre y errores humanos” (Perrow 2011). La complejidad de los entramados tecnológicos e industriales desarrollados en las sociedades avanzadas justificaría incluso la normalización del riesgo de accidente catastrófico, como resultado de la incapacidad de los sistemas sociales para integrar de modo coherente la información técnica relativa al diseño de instalaciones potencialmente peligrosas y las medidas reguladoras, de capacitación profesional y vigilancia que serían necesarias para reducir al mínimo la posibilidad de desastres impredecibles o en cascada, como ocurrió en Fukushima (ibid.).
La investigación post-catástrofe en múltiples accidentes sugiere que ciertos sistemas complejos con potencial catastrófico son demasiado peligrosos para existir (Perrow 2013). En escenarios sujetos a incertidumbre e interacciones complejas entre dinámicas naturales, infraestructura tecnológica y marcos reguladores, no hay razones que sustenten la confianza en la capacidad de las instituciones humanas para asegurar la protección y reducir las amenazas a la condición de riesgos gestionables. La investigación de lo ocurrido en Fukushima constata que los actores no estaban adecuadamente preparados, en ningún nivel, para gestionar un desastre nuclear en cascada. A ello contribuyó el mito de la seguridad absoluta que los defensores de la energía nuclear alimentaron durante décadas (Nöggerath y otros 2011), agravado por la descoordinación entre agencias gubernamentales y la empresa Tepco –responsable de la planta– y por la falta de liderazgo político en la gestión de la crisis. La simulación de efectos en caso de tsunami, un fenómeno natural relativamente frecuente en la zona, debería haber permitido una mejor comprensión de posibles disfunciones en la respuesta de actores públicos y privados a la crisis (Funabashi y Kitazawa 2012).
Una cultura de evaluación de riesgos que ignora los escenarios extremos
La noción de valor en riesgo (VaR) es de uso común en el análisis de riesgos aplicado a la dinámica de los mercados que llevan a cabo casi todos los bancos comerciales, bancos de inversión y compañías de seguros. Consiste en la pérdida mínima que podría esperarse en un período (corto) específico con una probabilidad específica (baja). Forma parte de los procedimientos estandarizados que emplean las compañías reguladas, a las que se exige estándares mínimos de capital ligados a un cálculo de VaR (5).
Un sistema bien ajustado de gestión de riesgos ligado al VaR no debería provocar sobresaltos más de 2-3 veces por año, generalmente bajo circunstancias y coincidencia de factores poco probables. Pero una trayectoria de cálculos exitosos de VaR diarios no es sinónimo de preparación para afrontar un escenario extremo, puesto que dichos cálculos se han alimentado de series de datos recientes que, por norma, excluyen escenarios extremos y pérdidas encadenadas por violaciones sucesivas del VaR. El sesgo subyacente al empleo de esta herramienta asume que los movimientos del mercado cada día son independientes de los observados el día anterior. En un escenario severamente negativo, muy probablemente no lo serían.
Los objetivos de desarrollo humano (económico, educativo, social y político) en las zonas del planeta donde se concentra gran parte de la población mundial se ven limitados por la dependencia de modelos de negocio, sistemas de cálculo de riesgo y patrones de explotación de recursos naturales no sostenibles a medio plazo. Mientras las necesidades de los individuos son muy concretas y apremiantes, la constatación de que el crecimiento constante de la demanda de energía, recursos hídricos y materias primas pone al planeta al límite de su capacidad requiere un esfuerzo considerable de abstracción y ampliación de perspectiva.
Incluso la convicción de que muy probablemente se ha sobrepasado la capacidad de los mecanismos naturales de regeneración y absorción de impactos resulta insuficiente para cambiar las actitudes y patrones de consumo individuales, si no se dan las condiciones para sustentar la confianza en que los demás actores también lo harán. La evidencia de fracaso en las iniciativas de mitigación ensayadas difícilmente es percibida desde las instituciones políticas como contribución a un escenario de riesgos extremos, cuya prevención requeriría programas de investigación ambiciosos, orientados al desarrollo de tecnologías rupturistas en cuanto a fuentes de energía y sistemas de transporte.
Muchas instituciones implicadas en la toma de decisiones a nivel estatal y regional reciben informes periódicos que advierten de la dinámica de deterioro de los ecosistemas naturales y de la pérdida de calidad de vida en zonas rurales y núcleos urbanos, como efecto de actividades humanas cuya consideración de amenazas para la salud y la economía de miles de personas no se perciben como inminentes. Sin embargo, y como ejemplo de irracionalidad colectiva nada excepcional, las mismas instituciones se ven desbordadas por fenómenos que contribuyeron a agravar ignorando durante décadas las advertencias sobre el carácter acumulativo de aquellos impactos, concretados más tarde en dinámicas migratorias, emergencias humanitarias y proliferación de conflictos más allá de las zonas que los modelos utilizados identificaban como altamente vulnerables (Whitmee y otros 2015: 1978; Behnassi y Yaya 2011: 94, 96, 99, 111, 123).
En consecuencia, se articulan respuestas precipitadas a problemas muy complejos que, por exceder en escala y dimensión las previsiones y zonas de actuación, ocasionan centenares de miles de víctimas al año y un derroche inaceptable de recursos. El carácter determinante de la relación entre aumento de la población e insuficiencia de los recursos alimentarios en muchas regiones, como parte de una dinámica agravada por el cambio climático global y la intensificación asociada de fenómenos potencialmente catastróficos (sequías, tormentas, inundaciones, incendios, olas de calor, etc.) se produce en paralelo al aumento de los precios de la energía en mercados fuertemente distorsionados por los conflictos regionales y la debilidad de las instituciones de gobernanza multilateral, incapaces de impulsar programas de ayuda alimentaria acordes a las necesidades (Lidskog y Elander 2009).
Salud global y naturaleza multidimensional de los factores de riesgo
La superficie de tierras dedicadas al cultivo prácticamente se ha duplicado en el último siglo, y con ella el consumo de energía y recursos hídricos (Whitmee y otros 2015: 1977). La superficie forestal –de bosque tropical perenne y caducifolio, más las zonas leñosas de sabana y otros tipos de bosque–, apenas representa ya un 60-70% de la existente en 1700, y se encuentra sometida a un proceso de retroceso acelerado por factores climáticos muy dependientes de la actividad humana. En particular, por la influencia del aumento de la temperatura, como efecto de las emisiones de gases de efecto invernadero, en los patrones de precipitaciones, con una previsible expansión de las regiones de clima templado, tropical y seco y contracción de las regiones de clima polar, sub-polar y subtropical (Feng y otros 2014: 41, 44-45).
Muy relacionado con los usos de la tierra, el impacto ambiental del uso de fertilizantes ocasiona pérdida de biodiversidad, acelera la acidificación de los océanos y reduce o esquilma los recursos pesqueros. Pero este tipo de impactos no son susceptibles de observación directa para quienes realizan su actividad a cientos o miles de kilómetros de donde se materializan los daños.
La presión sobre los sistemas naturales generada por el aumento imparable de la población humana constituye un factor acelerador de la dinámica de riesgos en el presente, agravados si incorporamos las proyecciones sobre aumento de las emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero en el incremento previsible de la temperatura media global (WMO, 2017: 5-7). Este aumento anómalo, constatado con profusión de datos al menos desde 1990, se produce a un ritmo sin precedentes desde el inicio de la revolución industrial (Walther y otros 2005). La combinación de impactos asociados supone la mayor amenaza para los programas de salud pública en los años venideros (Goldberg y Patz 2015: e37-e39; Kovats t Butler 2012) y un desafío sin precedentes para los sistemas de gobernanza internacional (Glantz y Adeel 2000).
Las infecciones transmitidas por el agua constituyen otro importante factor de riesgo. El calentamiento de las aguas costeras y de los estuarios, así como las inundaciones locales, pueden aumentar el riesgo de cólera (Fleming y otros 2006; Khasnis y Nettleman 2005). Las infecciones transmitidas por mosquitos tienden a aumentar con el calentamiento global y los cambios en los patrones de las precipitaciones asociados. Otros tipos de infecciones, como las transmitidas por garrapatas, pueden aumentar cuando cambios ecológicos más complejos crean condiciones favorables (Sheridan 2005).
En conjunto, aproximadamente 15 millones de muertes anuales en todo el mundo son el resultado directo de enfermedades infecciosas (Morens y otros 2004; Fisher y otros 2012), cuya emergencia revela las propiedades evolutivas de los microorganismos patógenos y las relaciones dinámicas entre los microorganismos, sus huéspedes y el medio ambiente (Barker 2012; Daszak y otros 2000).
Los ciclos de reproducción y supervivencia de los mosquitos portadores de infecciones podrían verse afectados por la alteración de las precipitaciones y las condiciones de las aguas superficiales, así como por el exceso de calor. Determinantes similares pueden aplicarse a garrapatas, caracoles y otros vectores (Arinaminpathy y otros 2009; Daszak y otros 2000; Massad y otros 2011; McMichael y Woodruff 2008; Polley y otros 2010).
Los agentes infecciosos pueden reducir el rendimiento de los cultivos e incluso hacerlos inviables en combinación con ciclos anormalmente largos de precipitaciones escasas (Battisti y Naylor 2009). El calentamiento de las aguas oceánicas superficiales puede provocar la proliferación de bacterias y algas dañinas (Harvell y otros 1999), alterar la disponibilidad de fitoplancton y ocasionar desplazamientos en las especies de las que depende la supervivencia de muchas comunidades arraigadas en zonas costeras (Kiska 2000; Morens y otros 2004; Vasseur y otros 2002).
La subida acelerada del nivel del mar a partir de 1993 –con nuevos datos que, según Dangendorf y otros (2017), duplican las estimaciones inicialmente manejadas para los últimos 25 años– incrementa el riesgo para las regiones costeras en todo el planeta y agrava la vulnerabilidad de sus poblaciones. Los datos y mediciones satelitales sugieren que el deshielo de los glaciares (durante el siglo XX) y el derretimiento de las placas de hielo polar en la última década han sido la principal causa (6).
Una revisión con metodologías de análisis más precisas refuerza la impresión de que las consecuencias de la exposición a marejadas e inundaciones por tormentas costeras han sido ampliamente subestimadas, así como su impacto en la salinización de suelos y agua dulce y en los desplazamientos de población (Guha-Sapir y Hoyois 2015; Mills 2005; Songer y otros 2015; Preston y otros 2011).
Sin embargo, la percepción pública de los riesgos para la salud pública y los modos de vida no ha evolucionado en consonancia con la evidencia obtenida, con clara repercusión en la debilidad de los programas de adaptación y mitigación en curso (Rodríguez-Priego y otros 2014).
Conclusión
La epistemología del riesgo y la investigación de catástrofes constituyen un dominio de problemas multidisciplinares de extraordinario interés para filósofos y científicos sociales. Obligan a manejar herramientas analíticas muy selectivas sobre la evidencia de partida, y al escrutinio crítico de los modelos que sustentan los procedimientos de inferencia habituales en el análisis económico y en la industria aseguradora. Metodológicamente, invitan a distanciarse de las aproximaciones inductivas con apariencia de análisis estadístico elaborado y a buscar elementos indicadores de posibles saltos cualitativos o transiciones críticas, aunque su probabilidad sea baja. Además, sirven de banco de pruebas para explorar conexiones entre conceptos y dimensiones (científico-técnica, social, económica, cultural, etc.) ineludibles en la explicación de fenómenos complejos y en la prevención de episodios catastróficos.
El esfuerzo colectivo por conocer la complejidad de los factores involucrados en el cambio climático ha obligado a interconectar el significado de conceptos básicos en los manuales de salud pública y en la evaluación de riesgos ambientales, redefinidos en términos de salud planetaria ante la evidencia de que la salud y la civilización humanas dependen del florecimiento de los sistemas naturales y de una administración responsable de sus recursos y procesos.
Una conceptualización del problema en términos de amenaza para la seguridad humana aproximaría las proyecciones sobre número de personas desplazadas por fenómenos climáticos extremos (20 millones durante 2008, en comparación con los 4,6 millones de desplazados por conflictos y violencia durante el mismo período) a la categoría de riesgo extremo de colapso civilizatorio (Gardiner 2009): en 2050, las personas desplazadas por eventos extremos ligados al clima podrían superar los 200 millones, en su mayor parte damnificados por cambios graduales en el medio ambiente como las sequías, que en los últimos 30 años habrían desplazado al doble de personas (1.600 millones) que las tormentas (718 millones, aprox.) (IOM 2009: 4).
La epistemología del riesgo evidencia hasta qué punto la conceptualización de la vulnerabilidad humana y la capacidad de respuesta de los ecosistemas que se manejan en la arena política viene cargada de mitos. Uno de ellos consiste en considerar a los desastres naturales random killers, cuando la evidencia disponible muestra que afectan más duramente a grupos vulnerables en situación de pobreza, especialmente a mujeres, niños y ancianos (Noji 2005: s31-s32; Noji 1997). Se trata de una categoría dinámica: la vulnerabilidad y el grado de exposición varían a través de escalas temporales y espaciales y pueden agravarse por factores económicos, sociales, geográficos, demográficos, culturales e institucionales (McCarthy y otros 2001).
Las catástrofes recientes y su elevado coste en vidas humanas y pérdidas materiales (Irma y Harvey han tenido un impacto cercano al 1% en el PIB de Texas y Florida) (7) ponen de manifiesto la necesidad de seguir desarrollando métodos más fiables para cartografiar la vulnerabilidad –antes y después de las catástrofes– y mejorar los planes de prevención. El fracaso en estos objetivos sería un síntoma de irracionalidad colectiva, puesto que la evidencia disponible sustenta estimaciones robustas de riesgos y amenazas (Moreno Muñoz 2010 y 2011).
Así como la coordinación internacional en la gestión de la respuesta a fenómenos extremos contribuye a reducir las pérdidas humanas y patrimoniales (Preston y otros 2011), se ha comprobado que las estrategias de prevención inspiradas en el mejor conocimiento disponible pueden evitar decenas de miles de víctimas cada año (8).
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